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LA AVENTURA DEL AGUA EN CHARALÁ, UN CUENTO QUE NO TERMINA

Por  VÍCTOR MANUEL CAÑAS CAMARGO

                                            Secretario Veeduría ambiental de Charalá

Fueron días aciagos para Charalá, aquellos en los que la empresa avícola AVIFONCE, hoy Avícola San Marino, compró predios en una extensión cercana a las 500 hectáreas, ubicados en la vereda La Herrerita. Desde ahí empezó el calvario para la ciudadanía, que se ha venido prolongando desde que un grupo de ciudadanos, a finales de 2.004 y principios de 2.005 empezaron a notar que el ecosistema estratégico, estaba siendo agredido por una empresa con una proyección industrial que se desarrollaría en la zona. Fue así como se prendieron las alarmas y en junio de 2.005, se realizó el primer foro con temática ambiental, cuya orientación fue la defensa del agua y de la vida. Desde este momento se constituyó la Veeduría ambiental, organización social que ha venido trabajando con protagonismo para evitar daños a los ecosistemas de la región.

Fue la destrucción de diversos ecosistemas en esta área y la invasión a un predio del municipio, lo que motivó a la ciudadanía, en cabeza de la veeduría a iniciar una acción popular en este mismo año, que condujo a la etapa de conciliación que se logró por la intermediación de diversos estamentos, fase para la que se dio un plazo de cuatro años que finalizan en el mes de febrero del próximo año, con la que se suponía, iban a terminar los problemas ambientales suscitados por las violaciones cometidas por la empresa contra el ecosistema de la región donde se encuentran sus predios.

De ninguna manera se imaginaron que la adquisición de esos predios se constituía en la compra de un problema. ¿Por qué esta afirmación?  Sencillamente porque el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Charalá, adoptado por decreto Nº 046 de octubre 29 de 2.003, define los territorios de estas características como área de protección, razón por la cual, allí no se pueden desarrollar proyectos de esta naturaleza y la vocación de estos territorios, es únicamente la de producir agua para los habitantes del municipio y algunas veredas del sector.

Investigaciones realizadas por profesionales de altísima credibilidad como el doctor César Barbosa, por la misma CAS, la Sociedad Geográfica Colombiana, un equipo interdisciplinario de la Universidad Javeriana han determinado la importancia estratégica de esta región, porque allí se encuentran especies endémicas que le dan gran riqueza y valor no económico sino ambiental y además, debido a que en muchos sitios del mismo hay nacimientos de agua, debe constituirse en una zona de reserva hídrica.

Los inicios de este conflicto por el agua con la empresa privada fueron bastante difíciles, debido a su posición intransigente y a las posiciones encontradas con los voceros de la comunidad, quienes desde aquella época han querido descubrir un camino que beneficie a Charalá, pero hay que recordar que allí la avícola hizo algunas inversiones y que su accionar se frenó, gracias a la intervención oportuna de la comunidad charaleña o de lo contrario, nos encontraríamos tal vez en condiciones peores que las que atraviesan los habitantes de Curití.

Recordando parte del historial de este proceso, se inició luego de la denuncia sobre agresión al ecosistema y la interposición de una acción popular que busca convertir al municipio en el único dueño de la región productora de agua para sus habitantes. Para poder arrancar eran necesarios recursos que la veeduría no poseía y fue así como a través de rifas, aportes de la colonia charaleña residente en Bogotá, del doctor JAIRO CASTRO CASTRO, fue posible contratar los servicios del destacado biólogo de la Universidad Nacional, doctor César Barbosa, quien hizo el censo del patrimonio existente en la región, llegando a conclusiones muy positivas y que alertaban en aquella época y hoy con mayor razón, sobre la necesidad de adquirir estos predios para el municipio. Fueron épocas tan difíciles como la de hoy, por la ausencia de recursos para adelantar las diligencias del proceso, pero en el camino se apareció el ángel de la guarda de la veeduría, llamado Colectivo de Abogados LUIS CARLOS PÉREZ, con el liderazgo de jóvenes abogadas entre quienes se destaca la dra. JUDITH MALDONADO MOJICA, quienes inicialmente enfrentaron el proceso por tres millones de pesos financiados por el doctor Jairo Castro y en la actualidad, asumen la representación legal de los accionantes sin ningún costo, haciendo lo mismo con la veeduría de San Gil en el caso de Incubadora Santander.

Para reforzar el peso legal que tiene lo establecido en el EOT, la CAS emite la resolución 0191 del 27 de marzo de 2.006, que en uno de sus apartes dice: “ la quebrada La Sanguina se encuentra ubicada en la parte alta del municipio de Charalá… Las coordenadas… X: 1187974, Y: 1096864, Z: 1.916 m.s.n.m….

… En el nacimiento de la quebrada la Sanguina se encuentran los predios de la empresa (sic) AVIFONCE S.A. y del señor Gonzalo Valdivieso”.

Este primer concepto deja sin piso cualquier argumentación a favor del proyecto industrial y en consecuencia, afirma el valor de las razones por las cuales era necesaria la interposición de la acción popular.  En la misma resolución, da cuenta de la riqueza existente en el sector y hace referencia a las especificidades de la quebrada La Potrera, acerca de la cual describe: “Cerca de dicho nacimiento se observó el nacimiento y confluencia de … 7 corrientes de agua… Esta zona es bastante estratégica para el futuro abastecimiento de agua para los municipios de Charalá y Oiba”. En el mismo sentido puede leerse: “En la parte media de dicha quebrada, se encuentra la bocatoma del acueducto municipal… ”. Continúa en su descripción diciendo: “Que debido a la alta vulnerabilidad e importancia estratégica de dichos predios, se recomienda gestionar los recursos para lograr la adquisición de los mismos, tanto por parte de la…CAS, como por la administración de Charalá ”. En este sentido, desarrollando la acción popular, el Juzgado Único Administrativo de San Gil en fallo sobre el caso, ordena al municipio la compra de los predios de la avícola, situación que coincide exactamente con lo establecido por la CAS en la resolución mencionada y que hace parte de las cláusulas escritas en el pacto de conciliación del año 2.009, para cuyo cumplimiento no ha existido voluntad ni por parte de la avícola, ni por la administración municipal y con excepción del giro dado por la actual dirección de la CAS, que manifiesta su apoyo para que este proceso concluya en beneficio de la población de Charalá, las anteriores direcciones no tenían ningún interés en ayudar en la solución del conflicto que hoy se plantea.

Son múltiples las acciones ejecutadas por la veeduría, aún en contra de las administraciones que se han sucedido desde entonces hasta hoy y muy seguramente, otras tantas habrá que realizar hasta que se concluya el proceso.

Debido al corto espacio que debo utilizar, dejo inconclusa esta reseña histórica del proceso y me permito centrarme en otros aspectos para concluir este análisis. Con la acción popular fue posible detener la intervención por parte de la empresa, que tiene un pasivo ambiental que nunca fue valorado y por lo cual el municipio no ha ejercido acción alguna. En diálogo con algunos concejales del gobierno anterior, se logró que por acuerdo municipal 035 de 2.009, la declaración como zona de interés público, lo que facilita el proceso por una parte y limita aún más el desarrollo de actividades de carácter industrial o agropecuario en la región.

Aunque la empresa pide por sus predios un valor cercano a 980 millones, la administración municipal no puede negociar por encima del avalúo del IGAC, que en la actualización del presente año, dio a estos predios un valor aproximado de 189 millones, sin perjuicio de que la empresa haga una petición por el valor comercial, que en ningún caso puede superar el doble del avalúo del IGAC. Aquí es donde se nota la ausencia de voluntad de negociación tanto por parte de la empresa como por parte de la Administración Municipal, porque esta última, a pesar de contar en el rubro destinado para este fin con una cifra aproximada a los 148 millones, solo dice disponer para esta negociación de 50 millones, lo cual contrasta con la más generosa de la CAS, de 139 millones que, sumados con la cifra real existente en el presupuesto municipal, pone en las manos de la administración la solución al futuro del agua que Charalá tanto necesita, pero que no aparece como tema prioritario en esta administración, como tampoco lo fue en las anteriores.

Recordando un concepto del ambientalista Jairo Puentes Brugés, para hablar de progreso en un municipio, es necesario saber cuánta agua puede ofertar hacia el futuro, en cantidad y calidad, porque el progreso no solamente debe medirse en la facilidad de acceso al dinero, pues éste no puede sustituir la falta del agua. ¿Cuándo lograremos entender que es más importante preservar la vida que acumular riquezas?

 VÍCTOR MANUEL CAÑAS CAMARGO

Secretario Veeduría ambiental de Charalá